La desaceleración de procesos de contratación pública en diferentes entidades del país empieza a generar preocupación entre miles de colombianos que dependen de contratos y órdenes de prestación de servicios como principal fuente de ingresos.
El proceso de transición que vive el Gobierno Nacional, sumado a decisiones administrativas, revisiones internas y ajustes presupuestales que pueden presentarse en alcaldías, gobernaciones y otras entidades públicas, ha provocado incertidumbre para profesionales, técnicos y personal de apoyo que esperan la renovación o suscripción de nuevos contratos.
Aunque no puede hablarse de una paralización total de la contratación estatal —pues durante agosto continúan registrándose nuevos contratos de prestación de servicios en SECOP—, la situación pone sobre la mesa el impacto que pueden tener las demoras en determinadas entidades sobre las personas que dependen directamente de este mecanismo contractual.
Para miles de contratistas, la terminación de una orden de prestación de servicios representa la suspensión inmediata de sus ingresos, debido a que esta modalidad no genera estabilidad laboral ni garantiza automáticamente la continuidad del vínculo con la entidad.
La preocupación se traslada directamente a los hogares. Detrás de cada contrato que no se renueva o que tarda semanas en volver a suscribirse hay familias que deben responder por alimentación, vivienda, servicios públicos, educación, transporte, créditos y demás obligaciones mensuales.
Contratistas piden acelerar decisiones
Sectores vinculados a la administración pública hacen un llamado a alcaldes, gobernadores, ministros, directores y demás ordenadores del gasto para que las revisiones propias de cualquier transición administrativa se adelanten con celeridad y permitan definir cuanto antes los equipos que continuarán desarrollando las funciones de apoyo institucional.
