La Contraloría General de la República imputó responsabilidad fiscal contra 4 exdirectores del Departamento Administrativo de Valorización Distrital de Cartagena (Dionisio Arango Cantillo, Luz Marina Figueroa Salgado, Ciro Castillo Cabarcas y Antonio Flórez Garizabal); 4 exgerentes de la Empresa de Desarrollo Urbano EDURBE S.A. (Pedro Rafael Tono Lemaitre, Diego Antonio Otoya, Augusto Enrique Mainero Román y Amira Isabel del Rosario Salvador); y la sociedad Concesión Vial de Cartagena CONVIAL S.A., por el detrimento patrimonial que sufre el Distrito en cuantía de $22.354 millones con ocasión de la ejecución del contrato de concesión de peajes.
La pérdida de recursos públicos se da por la retribución realizada al concesionario a partir del cumplimiento de la tasa interna de retorno del proyecto, ocurrida en el año 16 del mismo (que comprende el periodo de enero de 2014 a enero de 2015 y que cierra el año con una TIR de 17.27%).
Tal situación genera un detrimento para el Distrito Turístico y Cultural de Cartagena de Indias y un beneficio para el concesionario en la cuantía antes señalada ($22.354 millones de pesos).
Estos giros se realizaron como consecuencia de la inclusión en el modelo financiero del proyecto de los rubros reconocidos por concepto de obras complementarias e interventoría de las mismas, así como el 15% otorgado al Departamento Administrativo de Valorización Distrital de Cartagena (DAVD) para adelantar la gestión administrativa y gerencial de las obras complementarias.
La retribución al concesionario fue pactada a la TIR del proyecto (17.22%), desplazando su cumplimiento en el tiempo, sin estudios económicos y financieros que reflejaran la realidad económica del momento en que se incorporaron estos rubros al modelo del contrato de concesión inicial.
Dicho contrato tenía por objeto el diseño, construcción, mantenimiento y operación del corredor de acceso rápido a la variante de Cartagena, conformado por los subproyectos corredor de carga, zona industrial y portuaria, y accesos desde la zona industrial de Mamonal.
El contrato fue adicionado para realizar las obras complementarias relacionadas con el puente peatonal Olga Gonzalez de Arraut, la transversal 54 y sus anexos, así como la interventoría de estas y los costos de gestión administrativa y gerencial, lo cual para la CGR obedeció a una gestión fiscal antieconómica e ineficiente.
