Este lunes vence el plazo para que el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, entregue al Congreso el informe oficial con la lista de países considerados como grandes productores o corredores de droga, y si alguno de ellos merece sanciones por “fallar de forma demostrable” en el cumplimiento de sus compromisos internacionales antidrogas.
La decisión mantiene en expectativa al gobierno del presidente Gustavo Petro, que la semana pasada desplegó una intensa ofensiva diplomática en Washington con el fin de evitar una eventual descertificación. Este escenario podría implicar la reducción o suspensión de los 450 millones de dólares anuales en cooperación bilateral para seguridad, desarrollo y asistencia técnica.
En términos prácticos, la Casa Blanca maneja tres opciones: otorgar certificación plena (país cooperante), aplicar descertificación (país no cooperante, sujeto a sanciones) o conceder una “certificación por interés nacional”, figura que permite mantener la ayuda pese a un incumplimiento, bajo el argumento de que la relación es vital para los intereses de Estados Unidos.
La posibilidad de un castigo contra Colombia algo que no sucede desde el gobierno de Ernesto Samper en los años 90 tomó fuerza luego de que el Sistema Integrado de Monitoreo de Cultivos Ilícitos (Simci) de Naciones Unidas reportara un récord de 253.000 hectáreas de coca sembradas en 2023. Pese a la meta oficial de erradicar 30.000 hectáreas en 2025, hasta el momento el avance no supera las 5.000.
El embajador de Colombia en Washington, Daniel García-Peña, insistió en que, independientemente de la decisión de la Casa Blanca, la relación bilateral debe sostenerse: “Pase lo que pase, la relación debe continuar”, aseguró.
