La legislación colombiana tiene vacíos y poca claridad en materia de reglamentación de alquiler de vientres. Debido a la normatividad no presente, esta actividad ha desembocado una situación compleja de salud pública en Colombia, donde se ha creado un negocio clandestino en el que existen intermediarios en el proceso que cobran comisiones por ello. Esto, sumado al hecho de que las madres pueden alquilar su vientre varías veces, lo que convierte un buen acto en una venta de recién nacidos y puede poner en riesgo la vida de estas mujeres.
Actualmente, existen agencias que arman paquetes o mujeres que andan solas en el proceso de la negociación. El precio se fija con base a las exigencias del cliente frente a las necesidades de la madre: peso, edad, experiencia, etc. Y el valor de este servicio puede rondar entre los 100 y los 200 millones de pesos.
Por la situación anteriormente mencionada y por orden de la corte, el alquiler de vientres o la subrogación está a punto de ser discutida en el Congreso de la República con el fin de regular detalladamente lo que está permitido y lo que no, durante este proceso y acabar con este mercado negro que va en crecimiento.
El ponente de uno de los proyectos que se debatirán en la Comisión Primera de la Cámara de Representantes es Alejandro Ocampo, legislador por el pacto histórico, dentro de este proyecto se hablan temas como la prohibición de una mujer de “alquilar” su vientre más de una vez, asimismo la negativa de permitir que nacionales extranjeros adquieran este servicio y se establece el monto mínimo que debe ser superior a 1.5 salarios mínimos para el sostenimiento económico durante el embarazo y la recuperación del parto.
De igual forma, Ocampo añade que para acabar con este negocio debe haber una indemnización por “los cambios hormonales, psíquicos y psicológicos en la mujer” durante el embarazo, pero afirma que este debe ser inferior a los 100 o 200 millones de los que se habla actualmente.
