El pasado 12 de julio de 2023 la Universidad de Cartagena en cabeza de su Sr. Rector William Malkun y su Secretaria General Katia Joly, expidió presuntamente de manera ilegal la Resolución No. 01698, por medio de la cual se asignó como Jefe del Departamento de Posgrado de la Facultad de Derecho y Ciencias Políticas a la Jurídica del periódico el Universal, la profesora NADIA MEJÍA CORREA.
De acuerdo a los documentos estudiados por este medio, la profesora MEJÍA, quien funge actualmente como docente de planta de MEDIO TIEMPO de esa Universidad, y que fue a su vez sugerida por el Decano de esa Facultad de Derecho el profesor Álvaro Salgado González, adolece de los requisitos exigidos para ostentar dicho cargo, el cual requiere entre otras cosas “Ser Docente de Planta de TIEMPO COMPLETO” (artículo 91 del Acuerdo No. 17 de 2015).
Además de la irregularidad anterior, la Universidad de Cartagena en la Resolución No. 01698 de 2023 antes mencionada, incurre en una falsedad mayúscula, cuando en el literal “C” de los considerandos afirma que: “ la Oficina Asesora de Planeación consideró viable la asignación de funciones comoJefe del Departamento de Postgrado a la Docente de tiempo completo Nadia del Socorro Mejía Correa”.
Para agravar un tanto más la situación de la abogada Mejía, el pasado 13 de julio del año en curso, se celebraron los grados de los posgrados de Magister en Derecho y Magister en Derecho Penal de la UniCartagena, cuyos diplomas fueron firmados por la profesora Mejía, fungiendo en el cargo de Jefe del Departamento de Posgrado sin cumplir con todos los requisitos legales para ello. Situación que fue permitida y avalada por la firma del Decano de Derecho, Álvaro Salgado González.
Frente a esto este medio se pregunta: ¿Cuál es la validez de esos diplomas firmados por una persona que fue designada sin el lleno de los requisitos legales?
Resulta extraño que una Facultad de Derecho en cabeza de su Decano Salgado, la oficina jurídica de la UniCartagena y los asesores del Rector Malkun dejen pasar tan penosa ilegalidad, así como la omisión de la abogada Mejía al permitir dicho nombramiento sin tener ella los requisitos reglamentarios exigidos.
