El Ministerio de Transporte suspendió la entrada en operación de los Centros de Apoyo Logístico de Evaluación (CALE), creados para verificar de manera independiente que las personas que buscan obtener o recategorizar una licencia de conducción cuenten realmente con las habilidades necesarias para conducir.
La decisión busca evitar que se trasladen nuevos costos a los ciudadanos mientras se realiza una revisión integral del modelo. Actualmente, obtener una licencia de conducción puede costar alrededor de $1,4 millones y, con la entrada en funcionamiento de los CALE, el valor podría aumentar hasta aproximadamente $2,2 millones, es decir, cerca de $800.000 adicionales.
El esquema establece una diferencia entre las funciones de las escuelas de conducción y los nuevos centros: mientras las primeras se encargan de formar y enseñar a los aspirantes, los CALE tendrían la responsabilidad de evaluar de manera independiente si la persona realmente cuenta con las competencias necesarias para conducir.
El Ministerio aclaró que la Ley 2251 de 2022 continúa vigente. Sin embargo, revisará la capacidad de los centros registrados por la Universidad Nacional Abierta y a Distancia (UNAD), la legalidad del contrato mediante el cual fue estructurado el esquema y si los costos asociados realmente contribuyen al mejoramiento de la seguridad vial.
De acuerdo con la información conocida, el modelo fue estructurado mediante un contrato interadministrativo con la UNAD y su operación podría movilizar cerca de $20 billones durante los próximos 20 años.
Asimismo, se revisará el hecho de que la UNAD haya quedado como único operador contratado, pese a que otras universidades públicas manifestaron contar con los requisitos necesarios y solicitaron participar en el proceso, situación que dio lugar a tutelas, denuncias y solicitudes de revocatoria.
