Las principales entidades de la Rama Judicial y organismos de control del país se unieron para impulsar una iniciativa de solidaridad con las familias afectadas por el sismo registrado el pasado lunes 10 de agosto en diferentes municipios de Colombia.
La convocatoria fue realizada de manera conjunta por la Corte Suprema de Justicia, la Corte Constitucional, el Consejo de Estado, el Consejo Superior de la Judicatura, la Comisión Nacional de Disciplina Judicial, la Fiscalía General de la Nación, la Procuraduría General de la Nación, la Defensoría del Pueblo, la Contraloría General de la República y la Registraduría Nacional del Estado Civil.
Con el respaldo de la Fundación Pro-Obras Sociales de la Justicia, las entidades invitaron a sus funcionarios a participar voluntariamente con la donación de un día de salario, con el objetivo de recaudar recursos que permitan apoyar a las comunidades más afectadas por la emergencia.
En un comunicado conjunto, las instituciones señalaron que el país atraviesa una “grave emergencia” y existe una “necesidad urgente de llevar ayudas a las víctimas en diferentes municipios del país”.
Los servidores públicos que deseen sumarse a la iniciativa deberán solicitar ante la entidad a la que pertenecen el formato de autorización para realizar el descuento correspondiente sobre el salario del mes de agosto.
Los recursos recaudados serán trasladados posteriormente a las zonas que registren mayores afectaciones y, según la convocatoria, serán entregados durante los primeros días de septiembre.
Las entidades destacaron el impacto que puede tener este gesto para las familias damnificadas: “Un día de salario puede significar mucho para quien lo necesita: puede convertirse en un día de alivio, o en un primer paso para comenzar de nuevo”.
La iniciativa busca sumar esfuerzos institucionales y contribuir a la atención de las necesidades de las comunidades que enfrentan las consecuencias del fuerte movimiento sísmico.
