El Gobierno nacional, a través del Ministerio de Justicia y del Derecho y del Instituto Nacional Penitenciario y Carcelario (INPEC), rechaza de manera categórica el atentado contra dos integrantes del Cuerpo de Custodia y Vigilancia del establecimiento penitenciario El Bosque, en Barranquilla, así como las amenazas que, según información recibida, estarían dirigidas contra el señor presidente de la República, Abelardo de la Espriella; el ministro de Justicia y del Derecho, Iván Cancino González; el director general del INPEC, Daniel Gutiérrez, y los hombres y mujeres que integran el personal penitenciario del país.
El ministro de Justicia y el director del INPEC expresan su solidaridad con la dragoneante Shirly Dallana Acosta Marroquín y el dragoneante Daniel Steven Tapiero Alférez, quienes resultaron heridos tras ser atacados cuando salían de su turno. Asimismo, manifiestan su respaldo a sus familias y compañeros, y mantienen especial atención a su evolución médica.
Estos hechos se presentan en medio de la circulación de mensajes intimidatorios relacionados con los recientes traslados de personas privadas de la libertad, así como de nuevas alertas sobre posibles acciones violentas contra autoridades y funcionarios del sector penitenciario. La autenticidad, procedencia y alcance de estas amenazas, así como su eventual relación con el atentado, son materia de verificación.
Ante esta situación, se han reforzado las medidas preventivas de seguridad y autoprotección, en articulación con la Policía Nacional y las demás autoridades competentes, para salvaguardar la vida e integridad de quienes cumplen sus funciones al servicio del Estado.
El Gobierno nacional es enfático: las amenazas contra el presidente, el ministro, el director del INPEC y los integrantes del Cuerpo de Custodia y Vigilancia no doblegarán la institucionalidad ni condicionarán las decisiones legítimas del Estado.
En cumplimiento de las directrices presidenciales, el Ministerio de Justicia y el INPEC ratifican que las medidas de traslado, vigilancia y control penitenciario continuarán desarrollándose conforme a la ley, con las garantías y condiciones de seguridad necesarias.
